Aseval y Unauto, las patronales del sector de las VTC, han anunciado hoy la firma del primer convenio colectivo del sector del alquiler de vehículos con conductor, pactado con los principales sindicatos, UGT, CC OO y SLT y que estará vigente durante 2022 y 2023. Aunque es el primero a nivel nacional, el acuerdo, que regulará la jornada de trabajo, la formación y los salarios de los trabajadores del sector VTC, tanto si pertenecen a pymes como a grandes flotas, solo afectará a los cerca de 20.000 conductores de la Comunidad de Madrid.
El convenio pretende dar estabilidad al sector y proteger los derechos laborales de los conductores de VTC en esta comunidad, que actualmente concentra el 60% de la actividad del sector en España.
Según el convenio, se incrementa el salario actual bruto por una jornada de 40 horas de 13.510 euros a 14.720 euros (+9%), con un 3% adicional en 2023. Asimismo, se establece un descanso semanal de 2 días (sábado y domingo o domingo y lunes) y una jornada de trabajo diaria de 8 horas, con 60 minutos de descanso a lo largo de la jornada (30 minutos obligatoriamente durante las primeras 6 horas). Las vacaciones serán de 22 días laborables al año, debiendo disfrutar de al menos 10 días seguidos en los meses de julio, agosto o septiembre.
El sector de las VTC de Madrid ya anunció otro convenio colectivo específico en enero de 2021, pero en ese caso solo negociado entre el Sindicato Libre de Transporte (SLT), el sindicato mayoritario del sector (representaba al 60% de los trabajadores), y la asociación empresarial Unauto. Por ello, el presidente de Aseval-Madrid, Ignacio Manzano, aclara que este es «el primer convenio colectivo estatutario que regula en exclusiva a las VTC y que está firmado por todos los agentes sociales», pues el anterior solo afectaba a las partes que lo habían firmado.
Desde Aseval Madrid aseguran que la firma de este nuevo convenio «es un hito importante en el sector VTC y llega en un momento de gran preocupación ya que ninguna comunidad autónoma ha regulado aún la actividad de las licencias VTC, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo en toda España. Hoy, los principales sindicatos y las asociaciones representativas hemos dado un primer paso en el necesario camino a la regulación del sector y esperamos que la Comunidad de Madrid defina pronto una normativa que salve el sector madrileño de las VTC y los miles de puestos de trabajo que representa».
El pasado mes de octubre, tal y como publicó CincoDías, las empresas de VTC, que operan con plataformas como Uber y Cabify, reclamaron a las comunidades autónomas que inicien urgentemente los trámites para regular el sector de los vehículos de transporte con conductor para evitar su desaparición en toda España.
Responsables de Aseval y Unauto recordaban que tras las protestas del taxi de julio de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como decreto Ábalos [por el exministro de Fomento], que prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos más allá del 1 de octubre de 2022, “condenando al sector a su desaparición transcurrido un periodo transitorio de cuatro años, porque la mayoría de trayectos que hacen estos vehículos son urbanos”. El mismo decreto transfirió las competencias a las comunidades autónomas para regular la actividad de las licencias VTC para, entre otras cosas, habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos.
Para Unauto y Aseval ha empezado la cuenta atrás, pues ya han transcurrido tres años sin que ninguna comunidad haya regulado el sector y ninguna ha dado muestras de que vaya a hacerlo. «Solo queda un año para el precipicio regulatorio que establecía el decreto Ábalos. Si no lo regulan, las más de 17.000 licencias VTC que hay en España perderán su habilitación para realizar trayectos urbanos, lo que supondrá la desaparición del sector, y el impacto económico económico y social sería devastador», dijeron.
Según un informe elaborado por ambas patronales, la eliminación de los servicios urbanos VTC en España destruiría 61.700 empleos, 41.200 directos y 20.500 indirectos, y provocaría unas pérdidas económicas superiores a los 2.500 millones anuales, contabilizando el empleo destruido, la recaudación perdida e inversiones no realizadas. Según cálculos de Unauto VTC, el volumen de negocio generado por las VTC en 2020 ascendió a 1.350 millones de euros anuales y 758 millones en impuesto de sociedades, IVA y cotizaciones sociales.
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